BREVE RESEÑA DE LOS DERECHOS Y DE LA LEGISLACIÓN SOBRE
COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA
"Esos derechos que nos han reconocido, los que llamamos hoy las normas
jurídicas legales, las que se encuentran en la Constitución, y en las normas
estatutarias u ordinarias, son un soporte del Derecho Mayor, de la Ley de Origen,
de la Ley Natural.
Pero la base para hacer reconocer esos derechos ha sido esa filosofía, esos
principios de nuestra identidad, esa realidad de que nuestros antepasados, gozando
o sufriendo, se desarrollaron en nuestro continente durante 10, 20, 30 mil años.
Eso es lo que nos hace tener esos derechos." Muelas Hurtado, Lorenzo.
Resistencia Cultural y pueblos indígenas, 1999.
INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene dos secciones: la primera trata de los deberes del gobierno
colombiano y los derechos de las comunidades étnicas, consagrados especialmente en la
Carta Magna y en convenios internacionales ratificados por nuestro país, cuyo objetivo
principal es hacer que los estudiantes de la Cátedra Viva Intercultural, adelantada en la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, conozcan y promuevan la
defensa de los derechos de estas comunidades. La segunda sección corresponde a un
resumen de las principales normas nacionales e internacionales que protegen y
1
Abogada, especialista en Derecho Ambiental y Msc. en Medio Ambiente y Desarrollo. Coordinadora
General de posgrados y catedrática de pregrado y posgrado en la Universidad del Rosario.
reglamentan los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades
afrocolombianas, las cuales se presentarán de manera cronológica.
La Constitución Política de 1991 establece que el estado colombiano reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural, señalando que es su obligación y la de todas las personas,
proteger las riquezas naturales y culturales de la nación colombiana. El gobierno
colombiano debe adoptar medidas acordes con las tradiciones y culturas de los pueblos
indígenas y tribales con el fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones. Para tal
efecto debe recurrir, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. Establezcamos
cuáles son esos derechos y la legislación que en el país se ha consagrado para su
defensa.
1. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO COLOMBIANO Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES
2
Los pueblos indígenas y tribales gozan plenamente de los derechos humanos y
libertades fundamentales que han sido consagrados en Colombia. En la búsqueda de la
protección de sus derechos y de garantizar el respeto de su integridad, el Gobierno debe
asumir para tal fin la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y
sistemática, incluyendo además medidas que aseguren que dichos pueblos gocen de los
derechos y oportunidades otorgadas al resto de la población. También debe promover la
2
Con el fin de ofrecer claridad, señalamos que entendemos como Pueblos Tribales aquellos cuyas
condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional,
y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradicionales o por una legislación
especial. En el país como tal se entienden los afrocolombianos, los raizales y los gitanos. Los Pueblos
indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la
conquista o
efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos y
eliminar las diferencias socioeconómicas de una manera compatible con sus
aspiraciones y formas de vida.
El 7 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes, buscando
revisar y actualizar el Convenio 107 de 1957, el cual se constituye en el único
instrumento internacional que protege a dichos pueblos. Este convenio se fundamenta
en el derecho a la igualdad de derechos entre los pueblos y el resto de la población y en
el respeto por su cultura e instituciones.
En cumplimiento del Convenio 169, el gobierno colombiano tiene prohibido adoptar
normas que no garanticen los derechos que protegen a los pueblos indígenas y tribales,
lo cual significa que cualquier disposición legal expedida en el país debe estar acorde
con lo consagrado en él. Desde esta perspectiva, a continuación realizaremos una breve
descripción de los derechos que aplican en Colombia para las comunidades étnicas,
tomando como base la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la OIT
(Ley 21 de 1991).
1.1.
DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES
Los derechos sociales y culturales fueron consagrados por la Constitución de Colombia
como un gran avance y tienen que ver con la protección de la diversidad étnica y
cultural, la autodeterminación, la autonomía y la equidad.
La Corte Constitucional entiende por diversidad étnica y cultural “la diversidad de
formas de vida y concepciones del mundo, no totalmente coincidentes con las
costumbres de la mayoría de la población. Por lo tanto, este principio supone la
aceptación de la existencia de muchas formas de vida y sistemas de comprensión del
mundo en un mismo territorio”.3
La identidad cultural se forma por medio de los vínculos históricos que los integrantes
de cada comunidad entablan entre sí, “ello significa que sólo gracias a las diferencias
que se suscitan en las relaciones de los agentes hacia el interior y hacia el exterior de su
propia comunidad de vida, ellos construyen sus identidades como sujetos morales”.4
En
Colombia, como Estado democrático que es, pueden existir diversas formas de vida de
manera equitativa y en condiciones necesarias para el respeto de las diferencias
culturales, pues, “el pluralismo constituye una condición imprescindible para acoger las
diferentes culturas”.5
Al respecto, las organizaciones indígenas manifiestan:
“El derecho a la identidad cultural más que un derecho territorial es un
derecho subjetivo de los pueblos. Entraña el derecho a seguir siendo
como son, culturalmente diferentes, a tener idiomas diferentes y formas
de gobierno y de relaciones sociales propias. Este derecho es un derecho
social no exclusivamente referido al territorio, pero ligado a él porque
todos los pueblos tienen un territorio propio y particular donde existen,
3
Sentencia T-605 de 1992 y T-308 de 1993 de la Corte Constitucional.
4 Ibíd., pp. 14-41. 5
Tovar González, Leonardo. ¿Es posible una democracia intercultural en Colombia? Bogotá: Ministerio
de Cultura, 2000, p. 14.
se relacionan y recrean su cultura. Este derecho en Colombia está
consignado en la Constitución al declararse como uno de los principios
básicos del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y
cultural de la nación y la igualdad y dignidad de todas las culturas que
conviven en el país (artículos 7 y 70). Aunque es subjetivo este derecho,
tiene implicaciones prácticas muy importantes porque es la base para
definir qué cosas no se pueden hacer por introducir cambios bruscos o
no deseados en la forma de vida y pensamientos indígenas. Es la base de
los demás derechos.”6
De lo anterior se infiere que en la Constitución de 1991, y en un amplio marco
normativo, se dio un reconocimiento especial a las diversas culturas de la nación
colombiana; no obstante, “las reglas legales alcanzarán efectividad en cuanto los
agentes socioculturales hagan valer a través de ellas su derecho a la diferencia y las
utilicen para colaborar desde su respectiva forma de vida en la construcción de la
cultura democrática”.7
Sobre este marco, se constituye en deber del gobierno colombiano adoptar medidas
especiales para salvaguardas las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las
culturas y el ambiente de estos pueblos, teniendo en cuenta sus deseos, expresados en
forma libre. Además, deben se debe reconocer y proteger los valores y prácticas
sociales, culturales, religiosos y espirituales; respetar sus instituciones y permitir su
6
ONIC. “Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Obras-proyectos-explotación de recursos
naturales consulta y concertación”. Material Guía. Borrador elaborado por Ana Cecilia Betancour.
Inédito.
7
Tovar González, Leonardo. Op. cit., p. 55.
participación y cooperación en las medidas que se adopten para resolver sus
dificultades.
En cuanto a la autonomía, debe entenderse como la capacidad y el derecho que tienen
los pueblos para decidir por sí mismos los asuntos de su interés. Los miembros de la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) plantean que “seremos
autónomos en la medida en que seamos los constructores de nuestra propia historia (...).
La autonomía también es la posibilidad de relacionarnos e intercambiar con otros, sobre
la base del respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica”.8
El Convenio 169 señala que los pueblos deben tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas,
creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan de alguna manera,
y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y
cultural.
Se entiende entonces que el reconocimiento de la autonomía es necesario para decidir el
presente y el futuro. La autonomía está basada en lo territorial, lo identitario y lo propio.
La exigencia del respeto a la autonomía además conlleva el reconocimiento de los
sistemas de autoridad y gobierno de esos pueblos y de los procesos mediante los cuales
toman decisiones; así lo plantea el Convenio 169 al consagrar que deben reconocerse las
aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales por asumir el control de sus propias
instituciones, formas de vida y desarrollo económico, al igual que por mantener y
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.
8 Ibíd., p. 8.
Adicionalmente, estos pueblos cuentan con el derecho de decidir sus propias prioridades
en lo concerniente al proceso de desarrollo económico, social y cultural. En este sentido,
el gobierno colombiano debe propender a que, con su colaboración, se lleven a cabo
estudios a fin de evaluar la incidencia que en lo social, espiritual, cultural y sobre el
ambiente tienen las actividades de desarrollo; para que, de manera conjunta, gobierno y
pueblos indígenas y tribales protejan y preserven su ambiente sus territorios que estas
comunidades habitan.
Sobre este aspecto, y en relación con las comunidades afrocolombianas, los derechos
sociales y culturales se relacionan con los principios sobre los cuales se fundamenta la
Ley 70 de 1993:
a) El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la
igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
b) El respeto a la integridad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades
negras.
c) La participación de las comunidades negras y sus organizaciones, sin detrimento de
su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de
igualdad, de conformidad con la Ley.
d) La protección de su ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las
comunidades negras con la naturaleza.
1.2. DERECHOS TERRITORIALES
Colombia, como nación multiétnica y pluricultural, ha establecido que las comunidades
indígenas y negras tienen derecho a decidir sobre sus territorios. Para ello, es
fundamental el reconocimiento de sus derechos territoriales, tal y como lo señala la
Corte Constitucional: “sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la
identidad cultural y a la autonomía son sólo reconocimientos formales”.9
El derecho al territorio debe ser respetado aunque no se encuentre titulado el territorio
por el derecho estatal. En el país, la propiedad colectiva titulada a pueblos indígenas y
comunidades afrocolombianas no puede venderse, ser sometida a gravámenes y a
limitaciones de dominio, como tampoco es expropiable por el Estado.10 Según la
Constitución y las normas, los resguardos y los territorios colectivos de comunidades
negras son considerados inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, el
reconocimiento al derecho de propiedad colectiva de las comunidades se otorga previo
cumplimiento de la función social de la propiedad, la cual implica obligaciones y a la
que como tal le es inherente una función ecológica.11
En relación con el territorio, es deber del Gobierno respetar la importante relación
existente entre las culturas y sus valores espirituales con las tierras o territorios, en
especial los aspectos colectivos que en dicha relación representa la totalidad del hábitat
de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.
Es así como el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan estos pueblos implica además el deber de tomar medidas para salvaguardar el
9
Sentencia T-188 de 1993 de la Corte Constitucional.
10 ONIC. Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Op. cit., p. 19. 11 Para mayor ilustración en el tema véase: Función ecológica de la propiedad en los resguardos
indígenas de Colombia”. Universidad del Rosario, 2004.
derecho a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que
hayan tenido ancestralmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia;
adicionalmente, respetar las modalidades de transmisión de los derechos de propiedad
sobre la tierra que han sido establecidas por dichos pueblos.
En este sentido, el gobierno nacional debe tomar las medidas necesarias para determinar
las tierras ocupadas y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión. Además, deben establecerse procedimientos adecuados para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por estos pueblos.12 Al mismo tiempo, mediante
los programas agrarios deben garantizarse las condiciones para la asignación de tierras
tradicionales, cuando las que dispongan sean insuficientes para garantizar los elementos
de su existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico.
Finalmente, el Convenio 169 consagra que a pesar de estar establecido que los pueblos
interesados no deberán ser traslados de las tierras que ocupan, cuando excepcionalmente
el traslado y la reubicación se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su
consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. En todo caso,
estos pueblos tienen el derecho de regresar a sus tierras tradicionales cuando dejen de
existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Si esto no fuere posible,
tienen derecho a recibir indemnización por cualquier pérdida o daño sufrido como
consecuencia de su desplazamiento.
ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS QUE SON?
importancia:
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ResponderEliminarExcelente reseña Julián, muy interesante
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